Los integrantes de comunidades otomíes, totonacas, nahuas y tepehuas de México, en unión con el pueblo originario Wet’su’wet’ de Canadá, impulsaron y presentaron dicha solicitud el pasado 4 de junio durante la Asamblea General de Accionistas de TC Energy para evaluar los daños financieros, de tiempo, reputación  de buena voluntad que ha enfrentado la empresa por no obtener el consentimiento previo, informado y libre de las comunidades afectadas por sus proyectos.

Por su parte, El Centro de Derechos Humanos de los pueblos del Sur de Veracruz, señaló que el gasoducto “Puerta al Sureste”, encargado de transportar gas extraído mediante fraking desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos y la Refinería Dos Bocas, no han sido informados por la empresa sobre el impacto directo e indirecto de dicha obra en sus medios de vida, usos y costumbres. 

En la misma línea, Maribel Cervantes Cruz, integrante del Consejo Autónomo de Seguridad Comunitaria Nahua, indicó que las comunidades indígenas que radican en la costa veracruzana no han sido informadas de forma adecuada por TC Energy ni por el Gobierno mexicano sobre el gasoducto que actualmente se construye en su territorio.

Sumado a lo anterior, el jefe de la comunidad Wet’su’wet, Na’Moks, denunció que no obtener el conocimiento de las comunidades indígenas afectadas, no solo constituye una violación de derechos humanos colectivos, sino que también es perjudicial para la industria en cuestión.

Las comunidades también denunciaron que con lo anterior, también se incumple el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige la consulta previa, informada y libre de las comunidades indígenas a fin de proporcionar la información necesaria sobre el impacto de los proyectos industriales.

Cabe mencionar que en agosto pasado, TC Energy negó que la construcción del gasoducto Puerta al Sureste ponga en riesgo la flora marina, tal como había denunciado previamente Greenpeace México.