Nueva York suspende temporalmente la construcción de grandes centros de datos para evaluar su impacto ambiental y en la red eléctrica.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmará una orden ejecutiva que detendrá durante un máximo de un año la construcción de centros de datos que requieran más de 50 megavatios para operar. Esta medida convierte a Nueva York en el primer estado que impone una suspensión de esta naturaleza.
La prohibición entrará en vigor de inmediato y afectará tanto a proyectos en proceso como a futuros permisos para grandes centros de datos. Sin embargo, no aplicará a hospitales, universidades ni a centros de datos de menor tamaño.
Objetivos y contexto de la medida
El propósito principal de esta suspensión es permitir que el estado desarrolle nuevas regulaciones ambientales y analice el impacto de estos centros en la red eléctrica y en los recursos naturales. La orden ejecutiva también anula una legislación estatal aprobada el mes pasado que buscaba una prohibición similar.
Además, Hochul anunció que impulsará legislación para eliminar las exenciones del impuesto sobre las ventas que actualmente benefician a los grandes centros de datos.
Reacción y antecedentes en otros estados
La orden ejecutiva responde a un creciente rechazo social y político hacia la infraestructura de inteligencia artificial y su impacto ambiental. Aunque Maine aprobó una ley para prohibir la construcción de nuevos centros de datos hasta noviembre de 2027, su gobernadora vetó la medida en abril.
Encuestas recientes, como la de Gallup publicada en mayo, muestran que el 71% de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos en sus comunidades. Esta oposición es mayoritaria entre demócratas, republicanos e independientes.
Declaraciones oficiales
En una entrevista con el New York Times, Hochul afirmó: «Dado que el desarrollo de los centros de datos amenaza con disparar las facturas de los servicios públicos, agotar nuestros recursos naturales y generar incertidumbre para los neoyorquinos, es mi responsabilidad tomar medidas y liderar».
La suspensión podrá levantarse antes de un año si se establece un marco regulatorio adecuado. Esta medida marca un precedente para otros estados que evalúan el equilibrio entre desarrollo tecnológico y sostenibilidad ambiental.
