La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes enviará al Congreso de la Unión dos iniciativas de reforma con el objetivo de regular el uso del agua en México y aumentar las sanciones por delitos hídricos, incluyendo la figura de extinción de dominio. El propósito, dijo, es evitar la mercantilización del recurso que comenzó desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
El anuncio se produce en un contexto de irregularidades en el manejo de concesiones. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha detectado 58 mil 938 inconsistencias relacionadas con el uso y distribución del agua. Entre los casos documentados se encuentran el acaparamiento de títulos de concesión por particulares, transferencias irregulares de derechos, falsificación de documentos, perforación ilegal de pozos para venta de pipas, sobreexplotación de acuíferos y uso del agua para fines distintos a los autorizados.
“Encontramos coordenadas en el mar y en otros países. Por ejemplo, de un aprovechamiento que está en Oaxaca y las coordenadas nos llevan a las costas de Tailandia”, reveló Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua.
El titular de Conagua, Efraín Morales, detalló que se enviarán dos propuestas legislativas: una para reformar la Ley de Aguas Nacionales y otra para crear una Ley General de Aguas. Explicó que las inspecciones han respondido a 1,100 denuncias ciudadanas, principalmente en zonas con mayor estrés hídrico.
Durante la revisión, señaló, se detectaron particulares que concentraban hasta cuatro títulos de concesión de manera especulativa, esperando desarrollos habitacionales o industriales para venderlos posteriormente.
Con estas reformas, el Gobierno federal busca cerrar los espacios para prácticas irregulares y fortalecer el marco legal para la administración del recurso hídrico, en un momento en que México enfrenta sequías recurrentes y creciente presión sobre sus acuíferos.
