Andrea Marván Saltiel, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), anunció que el Gobierno de México ha comenzado a reducir su participación en las 13 plantas eléctricas adquiridas a Iberdrola. La desinversión es parte de las condiciones establecidas por Cofece para esta operación valorada en 6,200 millones de dólares.

El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) ya ha recortado su participación en aproximadamente un 30%. El acuerdo también establece que la participación del Gobierno debe limitarse al 51% y que la administración de las plantas sea gestionada por un operador independiente, sin intervención directa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, el esquema financiero incluye la participación de fondos de pensiones (Afores) mediante la colocación de certificados de capital privado por 852 millones de dólares, asegurando un respaldo a largo plazo para la operación.

Con estas medidas, Cofece busca garantizar que los inversionistas privados tengan un papel relevante una vez concluyan los contratos con CFE, impulsando así la participación del sector privado en el mercado eléctrico mexicano.

La operación representa un paso importante en la estrategia del gobierno para fortalecer la infraestructura energética del país, manteniendo control sobre los activos estratégicos sin excluir la participación del sector privado. Con esta desinversión parcial, se asegura una administración más eficiente y transparente de las plantas, alineada con los principios establecidos por Cofece.

Además, la separación operativa de la CFE y la designación de un administrador independiente buscan fomentar una mayor competencia en el mercado eléctrico. Esto permitirá que, una vez vencidos los contratos con CFE, los inversionistas privados puedan tomar decisiones clave para maximizar el desempeño de las plantas adquiridas.