El Consejo Fiscal Europeo cuestiona la propuesta de la Comisión Europea para permitir que los países de la Unión Europea aumenten su gasto público con el fin de enfrentar la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo.
Críticas a la propuesta de flexibilización fiscal
Este órgano, encargado de evaluar las cuentas públicas de la UE, considera “muy cuestionable” la iniciativa que permitiría a los Estados miembros disponer de un margen adicional equivalente al 0,3% del PIB para invertir en medidas que reduzcan la dependencia de combustibles fósiles. Según el informe presentado, esta flexibilidad podría generar una expansión fiscal discrecional injustificada en un contexto de inflación creciente.
El presidente del Consejo Fiscal, Pieter Hasekamp, calificó la propuesta como una señal errónea. La Comisión Europea plantea que los países puedan solicitar una excepción parcial a las reglas fiscales para destinar ese espacio presupuestario, que se incluiría dentro de la suspensión parcial ya aprobada para defensa, equivalente al 1,5% del PIB en 2025.
Diferencias con la excepción previa para defensa
El Consejo Fiscal reconoce que la excepción aprobada el año pasado para aumentar el gasto en defensa respondía a una motivación geopolítica clara y temporal. Sin embargo, advierte que la nueva flexibilidad para la crisis energética representa un tipo distinto de gasto y cuestiona la práctica de modificar las reglas fiscales ante cualquier evento global.
Hasekamp subraya que aplicar una segunda excepción consecutiva puede afectar la credibilidad de las normas fiscales. Además, el informe alerta sobre el riesgo de que un mayor gasto público impulse la inflación, complicando la estabilidad económica.
Evaluación de las medidas adoptadas por los Estados
El Consejo Fiscal también critica la forma en que los países han respondido al aumento de los precios de los combustibles. Según sus estimaciones, cerca de dos tercios de las medidas implementadas no están dirigidas a grupos específicos, sino que reducen de manera generalizada los impuestos indirectos sobre la energía.
Esta estrategia no cumple con las recomendaciones de la Comisión y otros organismos, que pedían respuestas públicas “temporales, selectivas y a medida”. Por ejemplo, la reducción del IVA a los hidrocarburos en España, aunque temporal, no cumple con los criterios de selectividad y especificidad.
No obstante, el informe reconoce que el volumen total de medidas adoptadas es relativamente bajo y que sus plazos de vigencia están claramente definidos. En España, la rebaja del IVA a los hidrocarburos vence el 30 de junio, por lo que no se esperan impactos en las finanzas públicas para 2027 bajo el escenario actual.
