Este martes 10 de septiembre, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los requisitos técnicos para la instalación de equipos de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Esto ocurre en un contexto en el que, según estimaciones del Centro Nacional de Control de Energía, para 2037 se espera que estén instaladas aproximadamente 17,780 estaciones de carga, lo que representará el 3.1 por ciento del consumo bruto del Sistema Eléctrico Nacional.

Además, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2022 se vendieron 10,206 vehículos impulsados por electricidad, lo que representa un crecimiento del 220 por ciento en comparación con las cifras reportadas en 2021.

Ante el crecimiento de la industria y la comercialización de vehículos eléctricos en el país, la CRE consideró necesario emitir lineamientos generales para la integración de infraestructura y elementos necesarios en las Redes Generales de Distribución y la Red Nacional de Transmisión, con el fin de mantener estándares de calidad, confiabilidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

De esta forma, los cargadores inteligentes para vehículos eléctricos o híbridos enchufables instalados en electrolineras en carreteras deben ser del tipo estación de carga, con al menos los modos de carga 3 o 4 (DCFC), lo que permite a los automovilistas cargar sus vehículos en tiempos reducidos.

“La infraestructura de carga que se instale en electrolineras fuera de carreteras o autopistas, así como en electroterminales y estaciones de carga gratuita, puede contar con cualquiera de los modos de carga definidos en el capítulo 3 de estas disposiciones”, se lee en el DOF.

Además, los complejos destinados a esta actividad deben contar con infraestructura de carga compatible con cualquiera de los tipos de conectores comercializados en México, es decir, los estándares de América del Norte (SAE), Europa (IEC) y Asia (SAE, GB/T).

La CRE también informó que emitirá la normativa específica sobre demanda controlable, lo que permitirá a los usuarios finales reducir su demanda de energía eléctrica.

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