Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial (PJ), presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que pretende que los jueces, ministros y magistrados sean electos mediante el voto popular, el Consejo de Empresas Globales (EG), que congrega a más de 60 compañías con una sólida presencia en México, advirtió sobre las implicaciones de dicha modificación para la inversión y la actual tendencia de relocalización de cadenas productivas (nearshoring).

Mediante un comunicado, EG advirtió que “el actual proyecto de reforma contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones, especialmente ante el creciente fenómeno de relocalización de cadenas productivas”.

#Comunicado | LAS EMPRESAS GLOBALES EXPRESAMOS NUESTRA PREOCUPACIÓN ANTE EL RIESGO DE QUE MÉXICO PIERDA CERTEZA JURÍDICA Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN POR INICIATIVA DE REFORMA JUDICIAL
Es fundamental garantizar la independencia judicial y la certeza jurídica para seguir… pic.twitter.com/RCYMnAvsrF

— Empresas Globales (@emglobales) August 22, 2024

Además hizo un llamado al Poder Ejecutivo y a los integrantes del Legislativo para que, en caso de aprobarse, dicha modificación a la Constitución garantice “la independencia de la judicatura para que los jueces resuelvan los asuntos con imparcialidad y sin intromisiones indebidas”, así como el establecimiento de procesos imparciales y equitativos de selección y nombramiento; el respeto a las condiciones de servicio e inamovilidad de los jueces, y que no se limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Asimismo, instó a las autoridades a asegurar que la reforma no incumpla con las obligaciones de México en tratados comerciales internacionales, toda vez que “el país ha asumido compromisos que le obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión, con tribunales imparciales e independientes, procedimientos justos, equitativos y transparentes que eviten costos y demoras razonables”.

En concordancia, el Consejo de EG dijo estar preocupado por el hecho de que la reforma pueda vulnerar el Estado de Derecho y la administración de justicia en México.

“La falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial mexicano minaría, entre otras cosas, las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026, además de otros convenios internacionales como los Tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico y Tratado de Libre Comercio con Centroamérica”, se lee en el comunicado.

Finalmente, dijo confiar en que tanto AMLO como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y los integrantes del Congreso “tomarán las decisiones más acertadas que permitan al país seguir creciendo y aprovechar la oportunidad única e histórica que tiene frente a sí con el fenómeno de relocalización de cadenas productivas”.

Te puede interesar: