A casi cuatro meses del derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México, la organización ambiental Greenpeace México presentó dos denuncias formales para exigir a las autoridades el esclarecimiento de responsabilidades y una evaluación integral de los daños ocasionados.
El incidente, atribuido a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), impactó aproximadamente mil 100 kilómetros de litoral en los estados de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, generando preocupación por sus efectos ambientales y sociales.
La primera denuncia fue interpuesta el pasado 4 de mayo ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en la que Greenpeace solicita identificar a los responsables de la contaminación, garantizar la restauración de los ecosistemas afectados y supervisar la correcta disposición de los residuos derivados de las labores de limpieza.
Asimismo, la organización pidió establecer mecanismos efectivos de alerta para proteger a las comunidades potencialmente expuestas a los hidrocarburos.
De acuerdo con Greenpeace, fue hasta el 16 de abril cuando Pemex reconoció públicamente que la fuga se originó en la plataforma Abkatún Cantarell. Según información difundida por la propia empresa, el incidente estuvo relacionado con problemas de integridad mecánica en un oleoducto, reparaciones no reportadas oportunamente y una demora de ocho días en el cierre total de la válvula principal tras detectarse el derrame a inicios de febrero.
La organización también señaló preocupaciones sobre la limitada información disponible respecto a los riesgos de exposición para la población, así como presuntas deficiencias en la entrega de equipos de protección durante la atención de la emergencia.
Otro punto relevante es la presunta desigualdad en las labores de limpieza. De acuerdo con denuncias de comunidades, los esfuerzos se habrían concentrado en zonas turísticas y de fácil acceso, mientras que localidades rurales e indígenas enfrentaron respuestas más tardías o insuficientes.
La segunda denuncia fue presentada ante la Unidad de Responsabilidades de Pemex, con el objetivo de investigar posibles omisiones en el manejo de la emergencia y en la comunicación interna de la empresa.
En este contexto, Greenpeace solicitó que se analicen posibles responsabilidades del entonces director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, así como de otros funcionarios involucrados en la toma de decisiones durante el incidente.
La organización también pidió a autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente hacer pública toda la información relacionada con el derrame ocurrido entre febrero y abril de 2026.
Finalmente, Greenpeace subrayó que, en caso de acreditarse responsabilidades administrativas, deberán aplicarse las sanciones correspondientes conforme a la ley, además de establecer medidas que eviten la repetición de este tipo de incidentes en el futuro.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los retos en materia de seguridad industrial, transparencia y gestión ambiental en el sector energético mexicano, particularmente en operaciones costa afuera.
