La planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, está concluida en un 95%, y su operación es fundamental para la producción nacional de fertilizantes, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum recordó que en 2014 se realizó una consulta pública sobre la construcción de esta planta, en la que la mayoría de la población aprobó el proyecto. A pesar de las recientes manifestaciones, incluyendo las de comunidades indígenas, el gobierno mantiene un diálogo constante con los opositores y descartó el uso de la fuerza pública, a diferencia de administraciones anteriores.
Estudios ambientales y medidas de mitigación
La planta cuenta con un estudio de impacto ambiental profundo avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Este estudio incluye medidas para proteger el estero local, las cuales la empresa encargada reforzó tras las protestas.
Además, la documentación técnica y las medidas de mitigación están disponibles públicamente en el sitio web de Semarnat, garantizando transparencia en el proceso.
Objetivo del proyecto: soberanía alimentaria
El propósito principal es fortalecer la soberanía alimentaria de México mediante la producción nacional de fertilizantes, tanto químicos como biofertilizantes. Esto busca reducir la dependencia de importaciones y evitar riesgos de desabasto o volatilidad en los precios, como los experimentados tras el cierre del estrecho de Ormuz.
Detalles técnicos y respaldo empresarial
El proyecto es impulsado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la suizo-alemana Proman AG, especializada en ingeniería y producción de petroquímicos. Proman AG promueve el desarrollo de metanol y amoniaco con bajas emisiones de carbono, considerados alternativas más limpias frente a combustibles fósiles.
La planta tendrá una capacidad para producir 2,200 toneladas diarias de amoniaco en la Bahía de Ohuira, con una inversión de 1,250 millones de dólares financiada por el Banco de Reconstrucción de Alemania.
Críticas y preocupaciones de comunidades y colectivos
Grupos ecológicos, vecinos y comunidades indígenas han expresado su oposición, argumentando que el proyecto podría causar daños severos al ecosistema de la bahía, afectar la salud de las comunidades cercanas y alterar la pesca local. También señalan riesgos para la identidad cultural del pueblo originario Yoreme.
El colectivo ¡Aquí no! advierte que la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua de mar por hora para producir fertilizantes, y devolverá agua caliente que elevará la temperatura de la bahía en 3 °C. Esto, junto con la descarga de salmuera, aumentaría la salinidad y provocaría devastación en la vida marina.
Además, estiman que estas acciones impactarán un radio de 15 kilómetros, afectando a 5,000 familias pesqueras y destruyendo 21,000 metros cuadrados de bosque de manglar.
