Las Asociaciones de Jubiladas y Jubilados de confianza de Pemex emitieron un pronunciamiento dirigido a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, donde instan a actuar con «sensibilidad» y «responsabilidad histórica» en la elaboración de las leyes secundarias de la reforma de pensiones.
Advierten que cualquier cambio debe ampliar los derechos y no generar precedentes que los debiliten. Modificar condiciones de retiro ya otorgadas afectaría «derechos consolidados», en contra del principio de no retroactividad de la ley.
Riesgos de incertidumbre y vulnerabilidad
Las asociaciones alertan sobre la pérdida de certeza jurídica, ya que las reglas con las que los trabajadores planearon su vida no pueden cambiarse unilateralmente tras concluir su vida laboral. Además, señalan que permitir ajustes discrecionales en beneficios rompe el principio de legalidad y deja a las personas vulnerables frente al poder público.
«Hoy somos nosotros, mañana podría ser cualquier otro sector», enfatizan.
Denuncia por difusión de información falsa
También acusan a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de difundir el 13 de marzo información «falsa» sobre supuestas «pensiones exorbitantes», incluyendo datos personales de jubilados, lo que generó desinformación y vulneró principios de protección de datos personales.
Contexto de la reforma constitucional
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer que las pensiones del personal de confianza en entidades públicas no excedan la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal.
Incluye a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas con participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, con exclusiones para Fuerzas Armadas, aportaciones voluntarias, sindicales complementarias y pensiones no contributivas.
Entre los transitorios, el proyecto prevé que las pensiones ya otorgadas y no excluidas se ajusten al nuevo tope, lo que ha generado críticas por posible retroactividad.
Proceso de aprobación
La reforma requiere la aprobación de al menos la mitad más uno de los Congresos estatales para entrar en vigor. Posteriormente, los legisladores deberán elaborar las leyes secundarias para su aplicación.
